Categoría: Jurídico Tiempo de lectura aproximado: 5 min
Un fallo de la Suprema Corte acaba de recordarle a los estados dónde termina su facultad para cobrar impuestos. La víctima esta vez: un gravamen ambiental de Nuevo León que terminó chocando de frente con la Constitución.
El impuesto que invadió terreno federal
La SCJN resolvió el Amparo en Revisión 592/2025, otorgando la protección constitucional a una empresa dedicada a la explotación y comercialización de materiales pétreos. La Corte declaró inconstitucionales los artículos 118 a 123 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, que configuraban un impuesto sobre la extracción, explotación o uso de materiales pétreos. El argumento central: esa actividad se relaciona directamente con la explotación de recursos del subsuelo, materia reservada de forma exclusiva al Congreso de la Unión.
Por qué este fallo importa más allá de Nuevo León
Varios estados de la república tienen impuestos ambientales o ecológicos que gravan actividades de extracción, explotación de agua o emisión de contaminantes. El criterio de la Corte —que el subsuelo y sus recursos son materia federal exclusiva— ofrece un argumento sólido para litigar contribuciones estatales similares. Empresas mineras, de materiales para construcción y otras industrias extractivas con presencia en distintos estados deberían revisar si están pagando gravámenes locales con el mismo vicio de origen.
Un precedente que empieza a moverse
No sería sorprendente que en las próximas semanas surjan nuevos amparos citando este criterio en otras entidades. Los despachos que litigan en materia fiscal estatal ya tienen una herramienta más para cuestionar impuestos «verdes» o ambientales que en realidad invaden competencias federales.
¿Tu empresa paga algún impuesto estatal sobre extracción o aprovechamiento de recursos naturales? Este precedente podría ser tu punto de partida para revisarlo. Suscríbete al newsletter de IDET Consilium y seguimos de cerca cada precedente que redefine el litigio fiscal en México.