El pasado 14 de octubre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 345 a favor, 131 en contra y 3 abstenciones, el dictamen a la minuta que modifica la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política.
Se trata del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La reforma publicada adiciona nuevas causales de improcedencia de la suspensión en el artículo 129, priorizando la función del estado en áreas específicas. Se consideran perjuicios al interés social o contravención de disposiciones de orden público, por lo tanto, no se concederá la suspensión, en actos que:
Impidan u obstaculicen las facultades del gobierno federal en materia de financiamiento y contratación de deuda pública
Permitan la continuación de actos, operaciones o servicios posiblemente relacionados con lavado de dinero u obstaculicen las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incluyendo que se le impida requerir, obtener o diseminar información
El espíritu de estas adiciones, según la exposición de motivos de la iniciativa original, es evitar que la medida cautelar del amparo sirva como mecanismo para evadir obligaciones o impedir acciones estatales consideradas esenciales para el orden económico y la seguridad nacional.
Por supuesto que hay más modificaciones de interés de Abogados litigantes (administrativo, fiscal, corporativo), defensores y asesores de despachos, contadores y fiscalistas involucrados en defensa administrativa, oficiales de cumplimiento, responsables legales de empresas y funcionarios con intervención en procedimientos de amparo.
Por tal motivo es indispensable adquirir un conocimiento profundo y validado para su aplicación.
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¡CONOCIMIENTO ES PODER!